La denuncia de una adolescente que aseguró haber sido abusada durante una fiesta generó conmoción en Tucumán. Lo que debía ser una noche de diversión terminó bajo investigación policial y puso el foco en una trama de responsabilidades que muchas veces queda diluida entre organizadores, dueños de salones y controles estatales.

Según la denuncia, la menor había asistido junto a amigas a una fiesta en el salón Altos San Javier, en El Corte, Yerba Buena. De acuerdo a la información que trascendió, en el transcurso de la noche habría consumido bebidas alcohólicas. En un momento se dirigió al baño, donde habría sido atacada por dos adolescentes a quienes no habría podido identificar. La médica que la atendió confirmó que presentaba signos compatibles con una agresión.

El lugar estaba habilitado para eventos sociales, pero fue subalquilado para una fiesta. En ese escenario -advierten fuentes vinculadas al control nocturno- se repite una modalidad que genera una “zona gris”: espacios formalmente autorizados que, al ser cedidos a terceros, terminan funcionando como fiestas eventuales.

La normativa provincial establece que tanto el propietario del salón como quien organiza el evento deben garantizar condiciones de seguridad, cumplir con los permisos correspondientes y respetar las prohibiciones vigentes, entre ellas la venta de alcohol a menores y el límite de capacidad. Sin embargo, cuando ocurre un delito, las responsabilidades suelen cruzarse.

Especialistas consultados sostienen que el alquiler del espacio no exime al dueño de su deber de supervisión, así como el organizador no puede deslindar obligaciones argumentando que el local estaba habilitado. En caso de detectarse irregularidades -falta de permisos policiales, exceso de público, expendio de alcohol a menores o ausencia de personal de seguridad capacitado- ambos podrían enfrentar sanciones.

ROTONDA. A pocas cuadras del pie del cerro se encuentra el salón de fiestas.

Mientras la Justicia avanza en la investigación del caso y hasta que todo se esclarezca, la Municipalidad de Yerba Buena dispuso la clausura preventiva del salón, según informó a LA GACETA la secretaria de Seguridad del municipio, Ileana Dulout.

Denuncian que una adolescente fue abusada en una fiesta realizada en El Corte

La funcionaria detalló que, de acuerdo a las averiguaciones que hicieron, el salón fue alquilado a los organizadores de la fiesta, quienes vendieron entradas a través de internet. La mayoría de los asistentes habrían sido menores de edad. “En este caso, como en otros, nos enteramos por redes sociales de la fiesta y reforzamos los controles en esos lugares”, explicó.

Dulout señaló que, al finalizar el evento, un puesto policial ubicado en la zona constató que numerosos adolescentes salían en estado de ebriedad y descendían caminando por El Corte, ocupando la calzada. “Tratamos de ordenarlos, porque era realmente un peligro; podría haber ocurrido un accidente si un auto bajaba en esos momentos por la ruta”, afirmó.

Qué es la “cadena de consumo” en fiestas con fines comerciales

La funcionaria no descartó que las sanciones podrían recaer también sobre los propietarios del local. “Lo que pase adentro del salón es responsabilidad de los dueños; por ejemplo, por la venta de alcohol a menores o por la cantidad de asistentes”, advirtió. Y especificó que quienes subalquilan un salón deben pedir los permisos pertinentes. Pero eso, no sería suficiente para deslindar de responsabilidades a los propietarios.

Preocupación

La secretaria de Seguridad expresó su inquietud por la falta de acompañamiento adulto. “Cientos de chicos quedan a la deriva cuando terminan las fiestas. Son adolescentes de 14 años deambulando por las calles, en muchos casos alcoholizados”, manifestó. En ese contexto, anticipó que ya se están diagramando operativos de control para otra fiesta prevista este fin de semana en San Martín y Camino de Sirga. Aunque se trata de jurisdicción de El Manantial, la guardia municipal de Yerba Buena estará presente en las inmediaciones para reforzar la prevención.

Qué dice la normativa

Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc), aclaró que la normativa vigente no prohíbe el ingreso de menores a locales bailables o salones donde se realicen fiestas. “Lo que sí está prohibido es venderles alcohol adentro del boliche”, explicó.

PROHIBIDO. No se puede vender alcohol a los menores de edad.

Según indicó, la venta de bebidas alcohólicas a menores puede derivar en multas que alcanzan los siete millones de pesos. Además, quienes alquilan un salón para organizar una fiesta deben gestionar los permisos correspondientes ante la Policía.

“Cuando un salón de eventos lo alquila a terceros, está fuera del control del IPLA porque el negocio ya pagó la habilitación anual, pero los organizadores deben sacar un permiso policial para ‘Baile Público Eventual’, ya que lo hacen con un fin comercial y no como una fiesta privada; porque en este caso, cobran entradas y venden bebidas”, ejemplificó.

Fiesta en El Corte: los organizadores denunciaron una campaña de desprestigio contra la empresa

“En esta situación se superponen dos actividades, una permanente y la otra eventual, las que están controladas por diferentes organismos”, precisó. Según Di Pinto algunas veces los organizadores de bailes eventuales evitan el trámite ante la Policía para no pagar una serie de ítems, lo cual conlleva a una competencia desleal con quienes están desde hace años en el negocio de la diversión nocturna, cumpliendo con todas las normas.

Di Pinto remarcó la necesidad de profundizar el trabajo y mejorar los controles para frenar la proliferación de los eventos ilegales. “Es en ese ámbito donde se producen la mayoría de los problemas, algunos muy graves, debido a la falta de personal de seguridad especializado, al ingresan menores que consumen bebidas alcohólicas, entre otras cosas.

Protocolo de seguridad: de qué trata la campaña "Pregunta por Ángela"

Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc) se mostró preocupado por la denuncia de abuso y remarcó que impulsarán en las discotecas tucumanas la implementación del protocolo internacional “Ask for Angela” (“Pregunta por Ángela”), una campaña nacida en el Reino Unido en 2016 para asistir a personas -principalmente mujeres- que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad en bares y boliches. La iniciativa propone que, ante una situación de riesgo, la persona se acerque a la barra y pida hablar con “Ángela”. El personal, previamente capacitado, interpretará la señal y brindará ayuda discreta, ya sea solicitando un taxi o facilitando la salida segura del lugar. En casos de mayor gravedad, el protocolo indica dar aviso inmediato a la Policía, especialmente si el presunto agresor se muestra violento o se niega a abandonar el loca